Fecha de Publicación: 07/10/2026
SAN ANTONIO — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en una investigación federal que resultó en la condena combinada de 32 años de prisión a dos inmigrantes ilegales venezolanos por trata sexual de una huérfana de 16 años, según anunció la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.
Giannys Alexandra Ramírez-Fernández, de 21 años, y Nelson Adrián Pérez-Martínez, de 23, conspiraron para explotar a la menor con fines sexuales comerciales, viajando desde Colombia hasta Kentucky y San Antonio, según los registros judiciales. Los investigadores descubrieron que, en julio de 2024, Pérez-Martínez y Ramírez-Fernández acompañaron a la menor a unos seis moteles diferentes en San Antonio, compartiendo habitaciones pagadas en efectivo con el dinero generado de los actos sexuales comerciales de la menor. La pareja fue arrestada el 30 de julio de 2024 como parte de una investigación en curso sobre trata sexual en Estados Unidos.
USCIS ayudó en la investigación realizando verificaciones de registros de inmigración, revisando llamadas de la cárcel para obtener información relevante y proporcionando orientación y experiencia sobre inmigración durante todo el caso.
El 17 de septiembre de 2025, Ramírez-Fernández se declaró culpable por ayudar con la trata sexual de menores, conspirar para traficar con menores y transportar a una menor para cometer actividad sexual ilegal.
El 1 de octubre de 2025, los fiscales federales presentaron nuevos cargos contra Pérez-Martínez, acusándole de ayudar a otros a cometer trata sexual de menores, beneficiarse de la trata sexual de menores, conspirar para traficar menores, ayudar en la coacción y seducción a una menor, y transportar a una menor con intención de actividad sexual delictiva. El 23 de febrero de 2026, un jurado declaró culpable a Pérez-Martínez de todos los cargos.
El juez federal Fred Biery sentenció a Pérez-Martínez a 240 meses de prisión federal y libertad condicional supervisada de por vida. Ramírez-Fernández fue condenada a 150 meses de prisión.
El caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de San Antonio, el FBI y USCIS, y fue procesado por las fiscales adjuntas Alicia McNab y Sade Bogart.
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